Revocación y Ley Bonilla: la nueva realidad

 

Revocación y Ley Bonilla: la nueva realidad

Bulmaro Pacheco

 

Domingo 20 de octubre de 2019

 

Dos cuestiones políticas han generado enormes debates en México en los últimos meses: El proyecto de revocación de mandato, ofrecido por el presidente López Obrador desde la campaña presidencial, y la llamada "Ley Bonilla" del electo gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, que pretende ampliar su período de gobierno a 5 años, aunque originalmente -y por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- sólo es por dos años.

 

Bonilla, al más viejo y rancio estilo político, se resiste y dice que ¡dos años no le van a alcanzar para nada! Él, como cabeza del grupo ganador de Morena que logró desplazar al Partido Acción Nacional después de haber gobernado 30 años la entidad, no acepta que en Baja California -en tiempo y forma- se haya reformado la Constitución local para armonizar los procesos electorales locales con los federales; es decir, hacer coincidir la elección local con la federal para evitar excesos, como se hizo en el pasado reciente en esa entidad:

 

Una elección en julio de 1988, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas la elección presidencial por el FDN en Baja California; la de 1989 para gobernador, cuando Ernesto Ruffo ganó una gubernatura para el PAN por primera vez en la historia de México; la de 1991, cuando en la elección intermedia del presidente Salinas, el PRI ganó la mayoría de los distritos electorales federales; la de 1994 cuando Ernesto Zedillo ganó la presidencial; y la de 1995, cuando Héctor Terán ganó la gubernatura de nuevo para el Partido Acción Nacional. Cinco elecciones en siete años, entre locales y federales, con la correspondiente movilización de contingentes, exceso de gastos y maquinarias electorales.

 

Es la primera vez en la historia reciente de México en que un grupo de poder local, conformado por una variedad de intereses -donde lo mismo aparecen el ex gobernador del PRI Xicoténcatl Leyva como el ex senador Amador Rodríguez Lozano- reta al federal con la intención de prolongar el mandato del Ejecutivo estatal más allá del ordenamiento constitucional.

 

La Constitución de 1917 estabilizó la transmisión del poder en los estados a través de las elecciones periódicas cada cuatro años. Y así fue hasta 1943, cuando se reforma el artículo 115 para alargar el período de los gobiernos estatales: "que no podrán durar en su encargo más de seis años" (ahora en el artículo 116).

 

Bonilla no acepta los dos años de su período a pesar de haber recibido la respectiva constancia de mayoría y ha descalificado a todos aquellos que lo acusan de promover los excesos legales y el enfrentamiento del poder local (todavía no en ejercicio constitucional) con las instancias federales, cuestionando gravemente al gobernador Francisco Vega De la Madrid.

 

"Kiko" Vega, que termina su período el 31 de octubre, ha sido atacado, descalificado y denostado a cada rato, logrando con ello que él sea uno de los principales opositores a la reforma constitucional en cuestión y de los más decididos partidarios a la impugnación de dicha reforma después de su publicación en el periódico oficial. Igual lo harán las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

 

¿En qué va a terminar el llamado caso "Ley Bonilla"?

 

Seguramente en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con muchas probabilidades (acción de inconstitucionalidad) decidirá en contra de las pretensiones del nuevo grupo de poder de Baja California por ampliar su dominio hasta 2024.

 

Baja California representa un fenómeno político y jurídico que -por su obscenidad y excesos- nunca se vio ni en los peores tiempos del viejo régimen, con todo y la severidad con la que se le ha juzgado.

 

En la mentalidad de la mayoría de los miembros de Morena, por sus orígenes, su formación y sus pretensiones, no parece existir la autocrítica ni el conocimiento preciso de la historia nacional para comprender que México sigue siendo un país muy difícil de gobernar, y que resulta imposible abordar tanto los problemas como las urgencias nacionales con el enfoque de una sola de las fuerzas políticas, por más votada que haya sido en los procesos electorales. Una lección que al gobierno de  Morena le está saliendo muy cara en todos sus proyectos, ya lo vemos en materia de seguridad.

 

En el pasado, y ante la dificultad de resolver los complejos problemas políticos que se presentaban después de una elección estatal, los acuerdos entre el partido gobernante y las oposiciones derivaban casi siempre en tensiones que se atendían a través de las llamadas "concertacesiones" (negociar cesiones de poder)

 

Eran las mismas fuerzas opositoras las que le fijaban a los gobiernos del PRI las reglas y las condiciones para resolver casos coyunturales complicados e impugnados (Guanajuato y San Luis Potosí en 1991, con el PAN y el PRD, y Michoacán también con el PRD en 1992, o capitales como Hermosillo, Mérida y Monterrey, por señalar algunos casos de conflictos post electorales que las oposiciones negociaban directamente con el Ejecutivo federal y sus representantes).

 

La revocación de mandato recientemente aprobada es otro tema polémico.

 

Se aprobó el proyecto con muchos cambios, aportados por las diversas representaciones opositoras en el Senado.

 

Por ejemplo: La consulta ya no será en la elección intermedia del 2021, como originalmente lo había recomendado el presidente de la República. Será hasta el 2022, sin coincidir con procesos electorales.

 

La reforma implica modificaciones a nueve artículos constitucionales (35, 36, 41, 73, 81, 84, 99, 116 y 122) que engloban los principales aspectos del proceso de revocación, incluyendo la de los gobernadores de los estados y los porcentajes de participación ciudadana en cada caso para que las consultas tengan validez institucional y sean vinculantes (Para presidente de la República, la deberá solicitar el 3% de la lista nacional de electores (2.8 millones) en cuando menos 17 estados y una participación por lo menos el 40% (38 millones) de las personas inscritas en la lista de electores), para los gobernadores, la solicitud deberá plantearse por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores (Sonora: 210 mil), en la mitad más uno de los municipios y también será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista  (Sonora: 800 mil) y la votación sea por mayoría absoluta.

 

En el caso de los gobiernos locales, al reformarse el artículo 116 se deja a las Constituciones estatales las reformas pendientes para adaptarlas a los cambios señalados. Aun así, la mayoría de las entidades federativas han incluido ya la revocación de mandato en el nivel municipal. En el caso de la reglamentación de los mecanismos y procedimientos de la consulta federal, la reforma establece 180 días a partir de su vigencia, para elaborar la ley reglamentaria del párrafo 8 de la fracción IX del artículo 35 constitucional reformado.

 

Dos temas, uno de aparente avance que despierta dudas en torno a su evolución futura con la sospecha de la intención reeleccionista, aunque se firme la negativa ante notario público. La otra (Ley Bonilla) un verdadero retroceso político y constitucional para México por donde quiera que se le juzgue y vea, y que mantiene en tensión a los principales liderazgos de México por las implicaciones que traería de salirse con la suya Bonilla.

 

bulmarop@gmail.com