Desaparecer poderes…¿Otra vez?

Desaparecer poderes…¿Otra vez?

Bulmaro Pacheco

 

Domingo 29 de septiembre de 2019

 

 

Manuel Bartlett, que en 1955 tenía  apenas 20 años de edad, seguramente recuerda que en ese año la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decretó la desaparición de poderes en Tabasco, entidad gobernada por su padre Manuel Bartlett Bautista. La rebelión estudiantil por el alza en el precio del transporte público y una mala relación con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, propiciaron la salida de su padre del gobierno y de pasada la desaparición también de los Poderes Legislativo y Judicial.

 

Porfirio Muñoz Ledo vivió como secretario del trabajo y presidente del CEN del PRI los casos de desaparición de poderes en Guerrero e Hidalgo, en 1975. También la negociación del caso Nayarit, cuando el dirigente nacional del PPS Jorge Cruickshank aceptó la senaduría por Oaxaca por el PRI, a cambio de ceder la complicada elección estatal de Nayarit, donde se perfilaba como favorito Alejandro Gascón Mercado, precisamente del Partido Popular Socialista.

 

Israel Nogueda Otero, gobernador de Guerrero, enfrentó fuertes conflictos con el empresario y senador Rubén Figueroa Figueroa, candidato del PRI al gobierno del estado, muy apoyado por el presidente Luis Echeverría. La acusación de fraude hacia Noguera en la compra venta de terrenos para construir casas del Infonavit en el fraccionamiento Cumbres de Llano Largo, pesaron en el ánimo presidencial para autorizar la desaparición de poderes en enero de 1975, apenas a tres meses de que Nogueda concluyera su período. Lo relevó en el poder Xavier Olea Muñoz, que terminó el tiempo restante.

 

Manuel Sánchez Vite fue electo gobernador del Estado de Hidalgo para cubrir el sexenio 1969-1975. Como dirigente magisterial había tenido buenas relaciones con el ex oficial mayor de la SEP Luis Echeverría, en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando José Ángel Ceniceros ocupó la titularidad de Educación Pública.

A principios del gobierno de Echeverría, Sánchez Vite fue llamado a ocupar la dirigencia nacional del PRI –dejando en su lugar a Donaciano Serna Leal–; pero renunciaría a la dirigencia nacional en 1972 por sus diferencias con el dirigente de la CTM Fidel Velásquez y porque en ese año, el grupo político del que formaba parte en el SNTE (de Jesús Robles Martínez) fue desplazado por el llamado "Vanguardia Revolucionaria" (de Carlos Jonguitud Barrios).

 

A la hora de decidir la candidatura del PRI al gobierno de Hidalgo en 1974, Sánchez Vite presionó para hacer candidato a su médico particular Otoniel Miranda Andrade. Miranda ganó y sólo duró un mes en el poder,  porque la Comisión Permanente del congreso de la Unión aprobó desaparecer los poderes en Hidalgo en abril de 1975.

 

El enfrentamiento de su mentor Sánchez Vite con el gobierno del centro y con el presidente Echeverría provocó la desaparición de poderes; la última de la que se tiene memoria en los últimos 44 años de la política mexicana.

 

En ese sexenio también cayeron los gobernadores de Nuevo León, Eduardo Elizondo (1971), quien renunció al cargo en medio de agitación universitaria; de Puebla, Rafael Moreno Valle (1973), que solicitó licencia por enfermedad –su sucesor, Gonzalo Bautista, renunciaría un mes después por conflictos con la Universidad–; y de Sonora, Carlos Armando Biébrich (1975), que presentó la renuncia principalmente por el conflicto agrario del sur de la entidad y los muertos de San Ignacio R. M.

 

Entre los gobiernos de José López Portillo y la asunción de Vicente Fox, 38 gobernadores fueron removidos: unos para promoverlos a otros cargos de nivel federal (Gutiérrez Barrios, Borrego, Mayagoitia); otros por enfrentamientos con el centro (Flores Tapia, Alpuche. Pinzón, Velasco Ibarra, Manzanilla Schaffer, Salazar Martínez); otros porque perdieron en sus estados la elección presidencial de 1988 (Beteta, Xicoténcatl Leyva, Martínez Villicaña); unos más -ya electos- fueron negociados con el PAN (Zapata, Aguirre) y con el PRD (Villaseñor, Neme Castillo); por muerte (Terán); otros por diversas causas (Rizzo, Figueroa, Carrillo Olea).

 

Pero en ningún caso se volvió a repetir el procedimiento de desaparición de poderes aplicado por última vez en 1975.

 

En el marco de la reforma política de 1978 se impulsó la reglamentación de las facultades exclusivas del Senado, establecidas en la fracción V del  artículo 76 de la CPEUM que establece: "Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las Constituciones de las entidades federativas no prevean el caso".

 

En los gobiernos de la alternancia panista en la Presidencia de la República (2000-2012) y a partir de que en 1989 iniciaran las alternancias en los gobiernos estatales, empezaron a sentirse otro tipo de problemas para los gobernadores, mismos que empezaron a ser perseguidos por sus sucesores hasta llevarlos a enfrentar juicios penales. Muchos de ellos terminaron tras las rejas, otros con juicios en libertad bajo fianza, escondidos o presos en el extranjero.

 

Uno de los últimos casos, cuando se habló de la posibilidad de desaparecer poderes, fue el de Ángel Heladio Aguirre Rivero, primero gobernador sustituto de Guerrero de 1996 a 1999 (cuando fue del PRI), en relevo de Rubén Figueroa, y electo después por el PRD del 2011 al 2017. Lo presionaron y solicitó licencia al cargo en 2014 por el conflicto de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, presuntamente asesinados en Iguala, con un ayuntamiento gobernado también por el PRD.

 

Con el tiempo se dio gradualmente la pluralidad en la integración de los Ejecutivos estatales, y a la fecha 12 gobernadores son del PRI, 12 del PAN, 5 de Morena, un independiente (Nuevo León), uno de movimiento Ciudadano (Jalisco) y uno del PRD (Michoacán).

 

Recientemente, legisladores de Morena han solicitado la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, acusando a sus gobernadores de haber agravado los problemas de la seguridad Pública. Los panistas han anunciado que buscarán la desaparición de poderes en Veracruz, gobernado por Morena, por la destitución a todas luces desaseada del fiscal general del Estado Jorge Winckler.

 

En ninguno de los casos señalados existen argumentos de peso como para darle cauce a la demanda y provocar una crisis constitucional al desaparecer los poderes de esos estados. No hay condiciones, y ni Morena ni el PAN cuentan con la mayoría calificada en el Senado para lograr sus propósitos.

 

Se trata de medidas extremas de presión política, aprovechando el clima de polarización e impunidad política que actualmente se vive en México y también la soberbia de una parte de los legisladores de Morena al sentirse mayoritarios en el Congreso de la Unión. Por más que algunos lo exijan y traten de espantar con el petate del muerto, no se puede regresar al pasado aplicando una medida política y jurídica ofensiva desestabilizadora de los Estados.

 

Si antes, esas prácticas le hicieron mucho daño a México, ahora sería mucho peor. Ni pensarlo.

 

bulmarop@gmail.com