Matrimonio Igualitario, "Laboratorio de ideas", por Rafael Ramírez V.

Laboratorio de ideas

Por Rafael Ramírez Villaescusa

 

Martes 21 de agosto de 2019

 

Matrimonio Igualitario

 

 

Hace algunos días la Diputada local Yumiko Palomares presentó a Comisiones del Congreso de Sonora una iniciativa de reformas legislativas a favor del denominado matrimonio igualitario. Desde entonces han sido diversos sectores sociales los que se han pronunciado a favor y en contra de la propuesta.

 

He de señalar que no encuentro argumentos convincentes para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como tampoco los encuentro a favor de la propuesta de crear una figura ad hoc a las pretensiones de quienes hoy son discriminados a causa de su preferencia sexual.

 

El Código de Familia del Estado de Sonora establece en su artículo 3 que las funciones de la familia son: "garantizar la cohabitación, el respeto y la protección recíproca entre los miembros de la pareja". Todas estas son funciones que no están relacionadas para su materialización con el sexo de las personas. Proponer la creación de las denominadas uniones civiles para tutelar exactamente los mismos bienes jurídicos es, como se puede concluir, discriminatorio y terminaría generando una duplicidad innecesaria de figuras jurídicas, lo cual va en contra de un principio de elemental economía.

 

Por otro lado, los opositores a la medida señalan que permitir el matrimonio igualitario entraña el peligro de abrir la puerta a la adopción homoparental, como si los homosexuales fueran individuos incapaces de mostrar empatía o interés hacia las necesidades de los demás y en el caso concreto del menor. En todo caso, la legislación civil sonorense no exige el matrimonio como requisito para la adopción, aunque la autoridad -a mi juicio de forma incorrecta- restringe tal posibilidad por la vía de los requerimientos administrativos. Nuevamente, como si el ser madre o padre soltero significara alguna clase de impedimento para cumplir a cabalidad la función y responsabilidades de la crianza.

 

Hay un problema adicional que se pone de manifiesto como reflejo del tema que estamos abordando. Ese problema tiene que ver con la escasa convicción democrática que han reflejado los principales actores políticos de la entidad. La mayor parte de los integrantes del Poder Legislativo y el Ejecutivo del Estado (todos ellos con facultad para la presentación de iniciativas en materia legislativa) ha sido de alguna forma omisos en su deber de hacer valer a la Constitución.

 

El Sistema Político Mexicano, a cuyas reglas han convenido ceñirse quienes detentan distintos cargos de elección popular, establece que la norma fundamental es la Constitución y que el intérprete máximo de la misma lo es la Suprema Corte de Justicia. Luego entonces, lo que dice la Corte a través de su jurisprudencia, es lo que dice la Constitución, aunque esta no lo contenga explícitamente.

Por supuesto que se puede discrepar de ello y es válido que algunas personas no estén de acuerdo con los criterios del máximo tribunal. Discutir y debatir la jurisprudencia constitucional también es sinónimo de vitalidad en la cultura democrática. Es más, la propia Corte, como ha sucedido en México y en otros países, puede variar a lo largo del tiempo sus criterios de interpretación constitucional. Sin embargo, en tanto no lo haga, esos criterios y esas interpretaciones deben de ser observadas.

 

Los actores políticos no actúan en el vacío, es normal que tengan preferencias ideológicas o estratégicas sobre estos temas. Un gobernante puede estar legítimamente preocupado por cómo decisiones que tocan fibras sensibles en muchas personas, pueden modificar sus expectativas electorales. En otros casos, puede tratarse simplemente de dilemas de carácter moral.

 

Sin embargo, en tanto integrantes de los poderes del Estado, la ética política les impone el deber de procurar el máximo respeto al orden constitucional y es aquí donde han fallado, al impedir que el Código de Familia de Sonora pueda ser armonizado de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, que considera violatoria de derechos humanos cualquier disposición que limite el matrimonio solo a la unión de personas de distinto sexo o que establezca como finalidad esencial de dicha institución la procreación.

 

Todo esto ha ocasionado que en Sonora ejercer un derecho humano como el derecho a la no discriminación sea un ejercicio que comporte pesadas cargas económicas, vinculadas a la sustanciación de un juicio de amparo cuyo resultado es completamente predecible.

 

Sonora requiere de políticos dispuestos a anteponer los principios del juego democrático por sobre sus creencias e ideas personales, por más legitimas que estas pueden ser. Solo así estaremos dando pasos firmes en la construcción de un verdadero estado de derecho.

 

A todos los lectores les recuerdo que me pueden seguir a través de redes sociales. Twitter: @elrafaramirez y Facebook: @rafaelramirezunison. Página web: ramirezvillaescusa.weebly.com. Dudas, sugerencias y comentarios son bienvenidos: laboratoriodeideasunison@gmail.com

 

Rafael Ramírez Villaescusa es Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora.


Notas Relacionadas

Comentarios en esta nota

Comenta esta nota